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Justicia
El propósito del trabajo judicial
de China consiste en actuar conforme a la ley para proteger los
derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos y de
sus demás derechos e intereses legales, proteger los bienes públicos
y los bienes privados legales de los ciudadanos, salvaguardar el
orden social, asegurar el expedito progreso de la modernización
socialista y castigar al reducido número de delincuentes.
En el 2000, el Tribunal Popular
Supremo, bajo la supervisión de la APN y su Comitú Permanente,
cumplió fielmente la función que le confieren la Constitución
y la ley e hizo nuevos progresos en el proceso judicial y las otras
labores.
En el transcurso del año
fueron vistos un total de 4.228 casos de segunda instancia, de revisión
de penas de muerte y de supervisión de procesos judiciales y se
puso punto final a 4.832 casos (incluidos los pendientes del año
anterior). Los tribunales populares locales y los tribunales populares
especiales atendieron un total de más de 5,35 millones de casos
de primera instancia y dieron por terminados más de 5,38 millones
de casos (incluidos los pendientes del año previo).
Los tribunales populares tomaron
como tarea primordial la salvaguarda de la seguridad estatal y la
estabilidad social y, poniendo de relieve los puntos prioritarios,
actuaron conforme a la ley para castigar con severidad los delitos
de violencia grave tales como los de atentar contra la seguridad
estatal, subvertir el poder político del Estado y socavar la unidad
del país, los homicidios, los robos, las explosiones y los secuestros,
los delitos de las organizaciones de carácter mafioso, y los delitos
de rapta y venta de mujeres y niños, de drogas, de fabricación
y propagación de artículos pornográficos y publicaciones ilegales.
Según la ley, también golpearon con mano dura los delitos
de contrabando, estafas de divisas, falsa emisión de facturas
especiales del impuesto al valor añadido, trampas en la obtención
de reintegros de impuestos de exportación, falsificación, transporte
y venta de papel moneda, y producción y venta de mercancías
adulteradas y de mala calidad. Además, penalizaron por la ley
los delitos de desfalco, soborno, malversación de fondos públicos
y prevaricato.
La organización de culto "Falungong"
es un tumor maligno social contra el progreso de la civilización
humana y ha causado serias interferencias en la construcción económica,
el orden público y la estabilidad política de China. En estricta
conformidad con el Código Penal y las interpretaciones judiciales
pertinentes, los tribunales populares procesaron concienzudamente
los casos penales relacionados con la organización y utilización
del "Falungong" encaminadas a sabotear la implementación de la
ley, provocar muertes, reunir gente para perturbar el orden público,
imprimir, gestionar y distribuir ilegalmente materiales de propaganda
en favor del culto. La determinación de delitos y las sentencias
dictadas según la ley contra un exiguo número de elementos claves
del "Falungong" que habían infringido el Código Penal demuestran
plenamente la seriedad de la ley.
Los crímenes de las organizaciones
de carácter mafioso amenazan gravemente la seguridad de las vidas
y bienes de las masas populares. Luego de que el Tribunal Popular
Supremo elaborara las "Explicaciones de los problemas de aplicación
concreta de la ley en la vista de los casos criminales de las organizaciones
de carácter mafioso", los tribunales de todo el país se concentraron
en procesar una serie de tales casos, de suerte que fue golpeada
la arrogancia de los delincuentes de este tipo.
El secuestro y la trata de mujeres
y niños dañan gravemente la salud física y mental de
los mismos. El Tribunal Popular Supremo impartió la "Circular
sobre los problemas relacionados con el crimen de secuestro y venta
de mujeres y niños", con el fin de intensificar la campaña
de castigo. Los tribunales de todo el país sentenciaron en total
a 11.048 delincuentes de este tipo.
Los delitos de contrabando perturban
gravemente el orden de la economía de mercado, ocasionando importantes
pérdidas económicas al Estado. En el 2000 los tribunales
de todo el país procesaron y concluyeron 847 casos de esta índole,
con un aumento de 122% sobre el año previo. El caso de contrabando
supergrande de la ciudad de Xiamen involucraba sumas astronómicas,
circunstancias especialmente perversas y daños particularmente
graves contra la sociedad. De acuerdo con la ley, el Tribunal Popular
Supremo aprobó la pena de muerte sentenciada a Wang Jinting
y otros seis archiculpables involucrados en el primer grupo de casos,
y los tribunales populares pertinentes condenaron a cadena, cadena
perpetua y pena capital con suspensión de la ejecución por dos
años a otros 73 criminales. Al mismo tiempo, los tribunales
populares pertinentes dieron fallos de primera instancia contra
los 129 demandandos del segundo grupo de casos.
La falsificación, transporte
y venta de papel moneda van en serio detrimento de la estabilidad
del orden financiero del Estado. En el 2000 los tribunales de todo
el país finalizaron 4.740 casos de esta índole, con un aumento
de 12,14% sobre el año precedente. El caso de Zhuo Zhenyuan
y otros once, quienes habían fabricado y vendido más de 600
millones de yuanes renminbi falsos, fue el caso de mayor cuantía
de este tipo registrado desde la fundación de la Nueva China en
1949. El Tribunal Popular Supremo revisó y aprobó por la ley
la pena de muerte contra Zhuo y otros seis culpables principales,
así que se golpeó sin inclemencia esta clase de delitos.
El desfalco y el soborno son
un mal público de la sociedad. El pueblo los aborrece en grado
sumo. Los tribunales de todo el país sentenciaron en total a 17.931
delincuentes de este tipo. El Tribunal Popular Supremo revisó
y aprobó según la ley la pena capital dictada a Cheng Kejie
y Hu Changqing, y a Zhou Changqing, quien había desfalcado y malversado
50,95 millones de yuanes de fondos públicos, y a Xu Jie y Du Jiansheng,
quienes habían desfalcado 72,72 millones de yuanes de fondos públicos.
Todo ello puso de manifiesto la firme determinación del Partido
y el Estado de castigar la corrupción.
La ley es clara y la compasión
está fuera de lugar. En el 2000 los tribunales de todo el pías
condenaron a un total de más de 640.000 delincuentes, con un incremento
de 6,21% en relación al año anterior.
Los tribunales populares persistieron
en aplicar la ley y fortalecer la seguridad judicial de los derechos
humanos. En el año fueron declaradas inocentes 6.617 personas,
incluidas 2.591 por la no claridad de los hechos y la insuficiencia
de evidencias y 4.026 por conductas de no crimen. De este modo se
garantizó que los ciudadanos inocentes no fueran sometidos al
rigor de la ley, y que los ciudadanos observadores de la disciplina
y la ley no sufrieran agravio.
La vista según la ley de los
casos económicos, de propiedad intelectual, de accidentes marítimos
y comercio marítimo tiene un importante papel para reglamentar
el orden del mercado. Los tribunales populares atendieron, de acuerdo
con la ley, casos surgidos en el cambio de empresas estatales a
compañías, en el desarrollo agrícola y en el desarrollo
de la economía rural, así como litigios financieros, a objeto
de garantizar la profundización de la reforma de las empresas
estatales y proteger los derechos e intereses legales de los cuerpos
principales del mercado, incluidas las empresas no estatales y la
empresas de capital foráneo. A conciencia entendieron de los casos
de propiedad intelectual para proteger los legítimos derechos
e intereses de las personas acreedoras. El Tribunal Popular Supremo
elaboró las "Explicaciones de ciertos problemas sobre las leyes
aplicables a la vista de casos de litigio de autoría relacionados
con las redes de computadoras", para así proteger la propiedad
intelectual dentro del ambiente de estas redes.
En el año fueron atendidas
9.390.000 cartas y visitas de las masas populares, lo que ayudó
a mantener la estabilidad social.
De acuerdo con los principios
de "un país, dos sistemas" y de un alto grado de autonomía,
después de llegar a los arreglos para la encomienda mutua
de los documentos judiciales de casos civiles y comerciales entre
los tribunales de la parte continental y la Región Administrativa
Especial de Hong Kong (RAEHK) y para la ejecución mutua de laudos
arbitrales entre la parte continental y la RAEHK, el Tribunal Popular
Supremo realizó, en el mismo espíritu, varias discusiones y
consultas con la Región Administrativa Especial de Macao (RAEM)
sobre la encomienda de documentos judiciales de casos civiles y
comerciales y sobre la transferencia de evidencias. Cuando el documento
sea firmado oficialmente, ello promoverá en mayor medida el contacto
y la asistencia judiciales entre la parte continental y la RAEM.
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