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Justicia
En el 2000 los órganos de
fiscalía de todo el país intensificaron la investigación
y demanda contra los delitos de desfalco, soborno y prevaricato.
En el año fueron encausados e investigados 45.113 casos de
tales delitos y fueron recuperados de este modo más de 4.700
millones yuanes que de otra forma serían pérdidas económicas
directa para el Estado.
El acento del trabajo fue puesto
en la investigación de los casos graves y de cuantía importante.
Los órganos de fiscalía de diversos niveles encausaron para
la investigación 18.086 casos de desfalco y aceptación de
soborno, incluidos 1.335 casos de sumas supergrandes, con más
de un millón de yuanes involucrados en cada uno; y fueron encausados
para la investigación 2.680 funcionarios de rango de distrito
o sección, 184 de rango de departamento central o provincial
y siete de rango de provincia, ministerio o superior, por delitos
cometidos al amparo de sus cargos oficiales. La investigación
y la vista del caso de Cheng Kejie, ex Vicepresidente del Comité
Permanente de la APN, y otros infundieron pánico en los criminales
y patentizaron la firme determinación del Partido y el Estado
de castigar la corrupción. Con respecto al caso de contrabando
de cuantía supergrande de la ciudad de Xiamen, fueron sometidos
al encausamiento e investigación 169 funcionarios públicos
por la aceptación de sobornos y el abuso de poder. Los órganos
de fiscalía concluyeron la investigación del caso de Li Jizhou,
antiguo viceministro de Seguridad Pública, quien había aceptado
fuertes sobornos del contrabandista Lai Changxing y otros y había
abusado de su poder para intervenir en la investigación de sus
delitos de contrabando; y presentaron una demanda pública contra
Li y lo transfirieron al tribunal popular para su proceso.
Se intensificó el ataque contra
los delitos de soborno. En el 2000, entre los 9.872 casos de soborno
encausados, 1.367 fueron investigados y vistos, con un aumento de
28% sobre el año anterior.
Se reforzaron la investigación
y el castigo de casos de prevaricato y de infracción. La Fiscalía
Popular Suprema adoptó la "Decisión sobre el reforzamiento
del trabajo de fiscalía contra el prevaricato y la infracción".
En el 2000 fueron encausados e investigados 7.930 casos de esta
clase, con un aumento de 45% frente al año previo. Entre ellos
hubo 3.360 casos debidos al cargo de "infracción en beneficio
propio" recién introducido en el Código Penal, por ejemplo,
el no cobro de impuestos, el cobro de impuestos por debajo de lo
establecido, el consentimiento del contrabando y el consentimiento
de fabricación y venta de mercancías adulteradas y de mala
calidad, así como 1.793 casos en los que trabajadores de órganos
estatales se valieron de su poder para infringir los derechos personales
y democráticos de ciudadanos. Todo ello promovió la administración
que procede según la ley y de manera estricta, y fortaleció
la protección judicial de los derechos humanos.
Tomando en cuenta el agudo problema
del orden público y los rampantes delitos de violencia grave en
algunas localidades, los órganos de fiscalía colaboraron estrechamente
con los departamentos pertinentes, a fin de castigar por la ley
los graves delitos penales de atentar contra la seguridad estatal,
la seguridad económica y el orden público. En el año se
aprobó arrestar a 715.833 sospechosos de crimen penal y se presentó
demanda pública contra 708.836 individuos.
Se sentó la mano dura contra
la delincuencia de las organizaciones de carácter mafioso y de
las fuerzas perversas. Hasta fines de enero del 2001, los órganos
de fiscalía habían aprobado arrestar a más de 1.500 sospechosos
de dichas organizaciones y así hicieron posible sancionar por
la ley a un grupo de delincuentes de peor crimen.
En la lucha contra la organización
de culto "Falungong", siguiendo el principio de las autoridades
centrales formulado para "unir, educar y rescatar a la absoluta
mayoría y atacar a la minoría según la ley", los órganos
de fiscalía decidieron por la ley no demandar contra aquellos
cuyos delitos eran leves y que mostraron arrepentimiento y, en coordinación
con los departamentos concernientes, llevaron a buen término
el trabajo de educación y transformación para ayudarles a
conocer a fondo la naturaleza de culto antihumano, antisocial y
anticientífico del "Falungong". Al mismo tiempo, procediendo
según la ley, aprobaron decididamente el arresto y la demanda
contra un exiguo puñado de delincuentes quienes, al hacer uso
de esa organización, se entregaron a actividades delictivas tales
como las de sabotear la implementación de la ley, provocar muertes
y reunir gente para sabotear el orden público.
En el 2000 fueron arrestados
con aprobación 19.182 sospechosos de secuestro y venta de mujeres
y niños y 27.666 de contrabando, estafa de impuestos y fabricación
y venta de mercancías adulteradas, falsas y de mala calidad.
De conformidad con la ley se
desplegó la supervisión sobre el encausamiento e investigación
de casos penales. Con respecto a los casos penales que debían
ser encausados pero sin serlo, se exigió explicación a los
órganos de seguridad pública; si la explicación no era
sostenible, se les avisó que los encausaran sin demora. En el
2000 fueron encausados 20.809 casos a través de los procedimientos
de supervisión sobre los órganos de seguridad pública,
y de acuerdo con la ley se rectificó el problema del no encausamiento
de casos, de la no exigencia de responsabilidad por delito y de
la multa por condena, de manera tal que un grupo de delincuentes
impunes fueron sometidos al proceso penal. Se presentaron 14.349
opiniones de rectificación de las medidas coercitivas inadecuadas
tomadas en violación de la ley por los órganos de seguridad
pública, y fueron corregidas 64.254 detenciones indebidamente
prolongadas en la investigación, la demanda y el proceso. En
Anhui, Hunan, Shanghai y Heilongjiang, los órganos de fiscalía
implantaron el sistema de advertencia por cuenta atrás para las
detenciones, con el propósito de cambiar la rectificación
por prevención y reducir el número de detenciones indebidamente
prolongadas.
Se potenció la supervisión
sobre el proceso judicial y la ejecución de penas. En el 2000
fueron protestados 3.798 veredictos y fallos penales identificados
como erróneos, de los cuales los tribunales concluyeron 1.210
y modificaron 534. El mismo año fueron protestados 16.944 casos
civiles y casos de procedimiento administrativo. Mediante el trabajo
de supervisión sobre la ejecución de penas se presentaron 9.318
opiniones para la corrección de la mitigación de penas, la libertad
condicional y la libertad bajo palabra con motivos de salud en violación
de la ley.
Se investigaron y castigaron
con rigor delitos de aceptación de sobornos contra la ley y de
fraudes en provecho personal. En el 2000 fueron encausados e investigados
4.626 casos de esta índole cometidos por el personal judicial,
lo cual fomentó la ejecución imparcial de la ley y la depuración
de las filas de trabajadores judiciales.
Se fortaleció la revisión
de quejas contra casos penales. En el 2000 los órganos de fiscalía
atendieron un total de 27.975 quejas de esta índole, corrigieron
según la ley las decisiones erróneas relacionadas a 1.443 casos,
decidieron indemnizar a los involucrados en 384 casos penales; y
en cuanto a las decisiones originales que eran correctas, persuadieron
con paciencia y meticulosidad a los presentadores de quejas.
Con el fin de servir a la explotación a gran
escala del oeste del país, la Fiscalía Popular Suprema redactó,
sobre la base de investigaciones y estudios, las "Opiniones acerca
la puesta en pleno juego de la función de la fiscalía para servir
activamente a la explotación a gran escala del oeste". En el 2000
fueron encausados, investigados y tratados más de 300 casos ocurridos
en los proyectos de construcción importantes y en la protección
medioambiental, así como de abuso de poder en la administración
de fondos y materiales destinados a la población pobre y a los
damnificados de las desgracias naturales; y con aprobación fueron
arrestados 3.891 sospechosos de destrucción de infraestructuras
de transporte, energía y telecomunicaciones y del sistema ecológico.
De acuerdo con la ley fueron protegidos los derechos e intereses
legales de los cuerpos principales del mercado y se promovió la
competencia en pie de igualdad entre los sectores económicos de
diferentes formas de propiedad, de manera de preparar un buen ambiente
de orden legal en aras de la explotación a gran escala de la región
del oeste.
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