POLITICA
hechos y cifras 2001


 


Justicia


En el 2000 los órganos de fiscalía de todo el país intensificaron la investigación y demanda contra los delitos de desfalco, soborno y prevaricato. En el año fueron encausados e investigados 45.113 casos de tales delitos y fueron recuperados de este modo más de 4.700 millones yuanes que de otra forma serían pérdidas económicas directa para el Estado.

El acento del trabajo fue puesto en la investigación de los casos graves y de cuantía importante. Los órganos de fiscalía de diversos niveles encausaron para la investigación 18.086 casos de desfalco y aceptación de soborno, incluidos 1.335 casos de sumas supergrandes, con más de un millón de yuanes involucrados en cada uno; y fueron encausados para la investigación 2.680 funcionarios de rango de distrito o sección, 184 de rango de departamento central o provincial y siete de rango de provincia, ministerio o superior, por delitos cometidos al amparo de sus cargos oficiales. La investigación y la vista del caso de Cheng Kejie, ex Vicepresidente del Comité Permanente de la APN, y otros infundieron pánico en los criminales y patentizaron la firme determinación del Partido y el Estado de castigar la corrupción. Con respecto al caso de contrabando de cuantía supergrande de la ciudad de Xiamen, fueron sometidos al encausamiento e investigación 169 funcionarios públicos por la aceptación de sobornos y el abuso de poder. Los órganos de fiscalía concluyeron la investigación del caso de Li Jizhou, antiguo viceministro de Seguridad Pública, quien había aceptado fuertes sobornos del contrabandista Lai Changxing y otros y había abusado de su poder para intervenir en la investigación de sus delitos de contrabando; y presentaron una demanda pública contra Li y lo transfirieron al tribunal popular para su proceso.

Se intensificó el ataque contra los delitos de soborno. En el 2000, entre los 9.872 casos de soborno encausados, 1.367 fueron investigados y vistos, con un aumento de 28% sobre el año anterior.

Se reforzaron la investigación y el castigo de casos de prevaricato y de infracción. La Fiscalía Popular Suprema adoptó la "Decisión sobre el reforzamiento del trabajo de fiscalía contra el prevaricato y la infracción". En el 2000 fueron encausados e investigados 7.930 casos de esta clase, con un aumento de 45% frente al año previo. Entre ellos hubo 3.360 casos debidos al cargo de "infracción en beneficio propio" recién introducido en el Código Penal, por ejemplo, el no cobro de impuestos, el cobro de impuestos por debajo de lo establecido, el consentimiento del contrabando y el consentimiento de fabricación y venta de mercancías adulteradas y de mala calidad, así como 1.793 casos en los que trabajadores de órganos estatales se valieron de su poder para infringir los derechos personales y democráticos de ciudadanos. Todo ello promovió la administración que procede según la ley y de manera estricta, y fortaleció la protección judicial de los derechos humanos.

Tomando en cuenta el agudo problema del orden público y los rampantes delitos de violencia grave en algunas localidades, los órganos de fiscalía colaboraron estrechamente con los departamentos pertinentes, a fin de castigar por la ley los graves delitos penales de atentar contra la seguridad estatal, la seguridad económica y el orden público. En el año se aprobó arrestar a 715.833 sospechosos de crimen penal y se presentó demanda pública contra 708.836 individuos.

Se sentó la mano dura contra la delincuencia de las organizaciones de carácter mafioso y de las fuerzas perversas. Hasta fines de enero del 2001, los órganos de fiscalía habían aprobado arrestar a más de 1.500 sospechosos de dichas organizaciones y así hicieron posible sancionar por la ley a un grupo de delincuentes de peor crimen.

En la lucha contra la organización de culto "Falungong", siguiendo el principio de las autoridades centrales formulado para "unir, educar y rescatar a la absoluta mayoría y atacar a la minoría según la ley", los órganos de fiscalía decidieron por la ley no demandar contra aquellos cuyos delitos eran leves y que mostraron arrepentimiento y, en coordinación con los departamentos concernientes, llevaron a buen término el trabajo de educación y transformación para ayudarles a conocer a fondo la naturaleza de culto antihumano, antisocial y anticientífico del "Falungong". Al mismo tiempo, procediendo según la ley, aprobaron decididamente el arresto y la demanda contra un exiguo puñado de delincuentes quienes, al hacer uso de esa organización, se entregaron a actividades delictivas tales como las de sabotear la implementación de la ley, provocar muertes y reunir gente para sabotear el orden público.

En el 2000 fueron arrestados con aprobación 19.182 sospechosos de secuestro y venta de mujeres y niños y 27.666 de contrabando, estafa de impuestos y fabricación y venta de mercancías adulteradas, falsas y de mala calidad.

De conformidad con la ley se desplegó la supervisión sobre el encausamiento e investigación de casos penales. Con respecto a los casos penales que debían ser encausados pero sin serlo, se exigió explicación a los órganos de seguridad pública; si la explicación no era sostenible, se les avisó que los encausaran sin demora. En el 2000 fueron encausados 20.809 casos a través de los procedimientos de supervisión sobre los órganos de seguridad pública, y de acuerdo con la ley se rectificó el problema del no encausamiento de casos, de la no exigencia de responsabilidad por delito y de la multa por condena, de manera tal que un grupo de delincuentes impunes fueron sometidos al proceso penal. Se presentaron 14.349 opiniones de rectificación de las medidas coercitivas inadecuadas tomadas en violación de la ley por los órganos de seguridad pública, y fueron corregidas 64.254 detenciones indebidamente prolongadas en la investigación, la demanda y el proceso. En Anhui, Hunan, Shanghai y Heilongjiang, los órganos de fiscalía implantaron el sistema de advertencia por cuenta atrás para las detenciones, con el propósito de cambiar la rectificación por prevención y reducir el número de detenciones indebidamente prolongadas.

Se potenció la supervisión sobre el proceso judicial y la ejecución de penas. En el 2000 fueron protestados 3.798 veredictos y fallos penales identificados como erróneos, de los cuales los tribunales concluyeron 1.210 y modificaron 534. El mismo año fueron protestados 16.944 casos civiles y casos de procedimiento administrativo. Mediante el trabajo de supervisión sobre la ejecución de penas se presentaron 9.318 opiniones para la corrección de la mitigación de penas, la libertad condicional y la libertad bajo palabra con motivos de salud en violación de la ley.

Se investigaron y castigaron con rigor delitos de aceptación de sobornos contra la ley y de fraudes en provecho personal. En el 2000 fueron encausados e investigados 4.626 casos de esta índole cometidos por el personal judicial, lo cual fomentó la ejecución imparcial de la ley y la depuración de las filas de trabajadores judiciales.

Se fortaleció la revisión de quejas contra casos penales. En el 2000 los órganos de fiscalía atendieron un total de 27.975 quejas de esta índole, corrigieron según la ley las decisiones erróneas relacionadas a 1.443 casos, decidieron indemnizar a los involucrados en 384 casos penales; y en cuanto a las decisiones originales que eran correctas, persuadieron con paciencia y meticulosidad a los presentadores de quejas.

Con el fin de servir a la explotación a gran escala del oeste del país, la Fiscalía Popular Suprema redactó, sobre la base de investigaciones y estudios, las "Opiniones acerca la puesta en pleno juego de la función de la fiscalía para servir activamente a la explotación a gran escala del oeste". En el 2000 fueron encausados, investigados y tratados más de 300 casos ocurridos en los proyectos de construcción importantes y en la protección medioambiental, así como de abuso de poder en la administración de fondos y materiales destinados a la población pobre y a los damnificados de las desgracias naturales; y con aprobación fueron arrestados 3.891 sospechosos de destrucción de infraestructuras de transporte, energía y telecomunicaciones y del sistema ecológico. De acuerdo con la ley fueron protegidos los derechos e intereses legales de los cuerpos principales del mercado y se promovió la competencia en pie de igualdad entre los sectores económicos de diferentes formas de propiedad, de manera de preparar un buen ambiente de orden legal en aras de la explotación a gran escala de la región del oeste.

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